César Pascual.

Redacción. Madrid
Los directivos de la salud deben desinvertir en aquello que resulta poco útil, innecesario e ineficiente si quieren garantizar el acceso a nuevos tratamientos contra el cáncer, según ha reconocido el vicepresidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), César Pascual, durante las II Jornadas Gestión Sanitaria en Terapias Antiinfecciosas y Oncológicas, celebradas en Santander.

Este experto, que además es director gerente del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, reconoce que “sólo así” será posible disponer de los recursos financieros necesarios para poder contar con estas terapias “en condiciones de equidad”.

Para Pascual, tal y como se conciben ahora las terapias oncológicas no son sostenibles, lo que obliga éticamente a tomar decisiones urgentes, ya que “una cuestión está muy clara y es que no son prescindibles y, por tanto, hemos de tratar de procurar su incorporación al arsenal terapéutico de los hospitales” de una forma racional “como se está haciendo en muchos casos”, y adecuando su uso.

En un contexto de recursos limitados y necesidades ilimitadas, la jefe del Servicio de Farmacia del Hospital La Paz de Madrid, Alicia Herrero, argumenta que lo que se gasta en una decisión terapéutica se ha de retraer de otra actividad sanitaria, “una decisión que compete a todos los implicados, incluido el paciente”.

Y los precios de los nuevos medicamentos oncológicos “son elevados”. De ahí que se deba premiar a aquellas innovaciones que realmente aporten valor y “presenten un umbral de eficiencia razonable” para lo cual sería importante considerar el coste por año de vida ajustado por calidad (AVAC) a la hora de identificar “prioridades de acceso y financiación de nuevos medicamentos”.

“Tenemos que obtener el máximo beneficio clínico en la utilización de los medicamentos oncológicos para no hablar de gasto, sino de inversión en salud”, matizó.

Evaluación responsable

Cuando se habla de nuevos fármacos, se debe distinguir entre la autorización de comercialización, en la que se evalúa si existe un balance entre beneficios y riesgos positivo, y la financiación pública, en la que se ha de valorar si “estamos dispuestos a pagar por esos beneficios adicionales y qué vamos a dejar de financiar para dar acceso a esa innovación”, según ha explicado Cristina Avendaño, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica.

Para esta experta, uno de los problemas a este respecto es la “falta de compromiso en asumir responsabilidades en la toma de decisiones y en comunicarlas públicamente, en comprometerse a respetar un sistema riguroso que asegure que las decisiones se toman de forma técnicamente correcta y a rendir cuentas de las decisiones tomadas ante los médicos, pacientes y ciudadanos en general”.

Así, argumenta que, como consecuencia, las decisiones de selección se toman en niveles micro y se crea un sistema atomizado, “con evaluaciones repetidas y de dudosa legitimidad” que crean “inequidades en el sistema”. Por este motivo, ve con buenos ojos la iniciativa del Consejo Interterritorial de elaborar Informes de Posicionamiento Terapéutico únicos, en el que participen todas las comunidades autónomas.

“Es obvio que para la decisión final sobre las condiciones de incorporación de un medicamento al Sistema Nacional de Salud (SNS) es necesario evaluar, además del valor terapéutico, los aspectos económicos, sopesando el coste adicional en relación al beneficio conseguido”, si bien cree que el sistema de evaluación debe integrar la participación “razonable de cuantos deban legítimamente opinar”, ha explicado.